Adopción y circulación de niños: Identidad, filiación y transmisión en las políticas de infancia

La actualidad de las políticas públicas de infancia requiere ser pensada en conjunto con la articulación de sus prácticas institucionales y los discursos que estas sostienen, ya que, podemos decir, estos producen los diferentes modos en que la niñez es definida y nombrada. Por  esta razón  revisar  el  conjunto  de conceptos  asociados a tales políticas es necesario, puesto que muchos de estos permanecen naturalizados a condición de lo que llamaría su ahistoricidad, como si las diferentes categorías existentes para denominar los problemas ligados a la infancia de hoy en día no pudieran ser pensadas en su relación con la historia, refiriéndome con esto a la capacidad de una sociedad para poder pensarse a si misma acudiendo a este registro, y al mismo tiempo a la manera en que la relación de los sujetos y las instituciones  puede  ser  pensada a partir  de  su  historia, en tanto introduce, a mi modo de ver, un horizonte donde es posible figurar las diversas formas de malestar de los sujetos con la cultura en su condición de actualidad.

Un espacio para la escucha: la experiencia del trabajo con familias de niños internados en residencias de protección

En Chile la situación de los niños vulnerados en sus derechos, separados de su familia de origen e internados en residencias de protección constituye una problemática que en los últimos años ha venido ganando visibilidad en la opinión pública. Pese a los numerosos reportajes, denuncias e investigaciones, cada año cerca de 15 mil niños pasan por residencias de protección, permaneciendo en ellas periodos significativos de sus vidas. El sistema de protección residencial está atravesado por un conjunto de nudos críticos en donde la falta de recursos económicos, la baja especialización de los profesionales y la ausencia de programas que trabajen integralmente con la familia de origen son algunos de los aspectos que requieren con urgencia de transformaciones institucionales profundas que permitan garantizar que la experiencia de los niños y sus familias sea de alguna manera protectora y restitutivas de sus derechos.

Es en este contexto, que el Programa de Acompañamiento Familiar de la Corporación Casa del Cerro ha venido implementando desde inicios del año 2012, con el apoyo financiero de la Fundación San Carlos de Maipo, un modelo de intervención a través del cual hemos sido testigos de como las familias de niños institucionalizados se comprometen a realizar un trabajo de reparación cuando tienen la experiencia de un espacio de escucha y acogida que no los estigmatice con rótulos que apunten a la devaluación de sus capacidades.

Reforma del sistema de protección de Sename: ¿qué es prioritario hacer?

El pasado jueves 17 de abril, con escasa cobertura de la prensa, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el informe de la comisión investigadora que indagó en el funcionamiento del sistema de protección residencial de Sename.

En una discusión que se extendió por dos días, los parlamentarios fueron enfáticos en calificar de inaceptable que una institución del Estado, cuya misión es garantizar la protección de niños y niñas vulnerados en sus derechos, estuviera involucrada en situaciones de negligencia, maltrato y violencia.

El informe constituye un hecho de gran significación no sólo porque hace visible una cruda realidad. Lo verdaderamente importante -y que establece un hito respecto a la situación de la niñez en Chile- es que se afirma desde el Poder Legislativo que en un Estado de Derechos no es aceptable que se produzca ningún tipo de vulneraciones al interior de instituciones de administración directa de un servicio, o bien, en instituciones privadas que reciben financiamiento estatal.

Discursos y prácticas profesionales en la criminalización de niños infractores de ley

Nos interesa analizar la posición que ocupan los discursos y prácticas profesionales en los procesos de penalización y criminalización de los niños y niñas en Chile. Estos procesos ocurren en un contexto global donde observamos que, tendencialmente,   “a la atrofia deliberada del Estado social corresponde la hipertrofia distópica (dystopique) del Estado penal” (Wacquant, 2004 P.28) . Lo cual implica una nueva forma de relación del Estado con los sectores populares donde se prioriza el control punitivo.

Paradojalmente en Chile, así como en otros países de la región, los procesos de criminalización de los niños y niñas aluden a prácticas que se realizan tomando como referente la Convención de los Derechos del Niño. En este instrumento al igual que en otras normativas internacionales específicas a infractores de ley se hace referencia a la necesidad de contar con una intervención profesional especializada. Sin embargo, en la práctica la aplicación de la convención enmascara la existencia de diversas “ideologías de los Derechos del Niño”(Freeman y Veerman, 1992) , que en ocasiones se alejan del principio básico del “niño sujeto de derecho” en su amplio sentido. Es así como hoy tenemos una serie de dispositivos de disciplinamiento y control que prevalecen sobre una atención profesional integral. Veremos estos procesos a través del discurso de la prensa escrita sobre un caso concreto, de un niño criminalizado que fue atendido en diversos dispositivos (penal, socioducativo, médico).

Y después de los horrores en el Sename, ¿qué?

En un hecho excepcional, la Cámara de Diputados aprobó por la unanimidad de los parlamentarios presentes las conclusiones de la comisión que investigó las responsabilidades en las vulneraciones de derechos en dependencias a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename). La totalidad de los representantes estuvo de acuerdo en afirmar la existencia de violencia en los hogares y la responsabilidad que le compete al Estado por esta situación.

La discusión en la Cámara de Diputados se prolongó por dos días con la presencia del recientemente nombrado ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Fue sorprendente escuchar a los parlamentarios con la voz entrecortada, algunos casi no podían dominar la emoción; sus palabras eran arrebatadas por el dolor. Se trató al informe como “desgarrador”, “lo más doloroso que me ha tocado escuchar aquí en el Congreso”, “conmovedor”, “que se describían situaciones horrorosas”, etc. Hablaron numerosos diputados y desde todas las bancadas políticas se mostró la indignación que producía la existencia de graves vulneraciones de derechos que ocurren en los hogares que el Estado ha dispuesto supuestamente para la protección de los niños que han sido objeto de la violencia o la negligencia. En suma, el Estado vulnera cuando busca proteger.

Conclusiones y Propuestas Informe Comisión Investigadora Cámara de Diputados – marzo 2014

I. Introducción: hechos que dieron lugar a la investigación de la comisión

El 8 de Noviembre de 2012, se suscribió un convenio de cooperación entre el Presidente de la Corte Suprema y el Representante de UNICEF en Chile, en el que se estableció que: “UNICEF apoyará la labor que la Corte Suprema realiza a través de los Tribunales de Familia, en lo que respecta a la situación de los niños, niñas y adolescentes en sistema residencial, para lo cual se elaborarán en forma conjunta instrumentos de supervisión y análisis de las condiciones y características de estos niños (ficha individual, de residencia, sus instructivos y cuestionario para los niños de supervisión de residencias). UNICEF sistematizará la información a través de la edición de boletines periódicos que serán difundidos por la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema a los organismos relacionados y publicados en las páginas web de ambas instituciones”. Este convenio se suscribió en el marco del estudio titulado «Proyecto de levantamiento y unificación de información referente a niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial de Chile» que lleva adelante el Poder Judicial.